martes, 29 de abril de 2014

Los niños deportados ¿creen que van a la escuela?



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Rodrigo Soberanes /@rodsantin
Los niños hondureños gritan, juegan, asoman sus cabezas y sacan sus bracitos por las ventanas del viejo camión escolar norteamericano. Pero no van a la escuela, son llevados de vuelta a su país en calidad de deportados. 


Están en Corinto, uno de los poblados fronterizos de Honduras con Guatemala donde dos veces a la semana llegan camiones desde Tapachula, Chiapas, y dejan a los niños en manos de la policía.

Cuando llegan los camiones desde México, después de un viaje de más de 10 horas, la policía nacional de Honduras se aproxima flanqueando a los dos autobuses amarillo rotulados con la frase School bus.


Los autobuses de México y los de Honduras quedan de frente separados por 30 metros. En ese espacio, tras unos minutos, brota un olor a guardería cuando las mamás aprovechan para asear a sus bebés.

Mientras los hermanos mayores van llenando los camiones que los llevarán de vuelta a casa, las madres apuran a cambiar pañales, preparar mamilas y mudar de ropa a sus crías acostadas en el suelo.


Todo ocurre bajo la supervisión de los policías y de personal de la Cruz Roja Internacional, que ofrece atención médica, psicológica y almuerzos para los viajeros deportados.

El Centro Fray Matías de Córdoba contó casi 10 mil menores de edad deportados desde México hacia Centroamérica durante 2013, cifra que marca un incremento superior al 100 por ciento en dos años.


De acuerdo con esa organización de defensa de derechos humanos en 2011, 4 mil 100 menores fueron enviados de vuelta a sus países, mientras que en 2013, la cifra llegó a 9 mil 893.

Eso significa que entre 2011 y 2013, el número de migrantes menores que son enviados de vuelta a sus lugares de origen, aumentó en más de 5 mil 700.


Todas esas personas son aseguradas por el Instituto Nacional de Migración (INM) en su centro de detención de Tapachula, que es el más grande del país y de América Latina, de acuerdo con el especialista.

Una madre soltera que sostenía a su hija de cuatro años, y que no quiso revelar su nombre, contó que fue detenida en Las Choapas, Veracruz y estuvo detenida durando dos días en una estación migratoria.


No supo en dónde estaba. Aunque cerca de ahí está la garita de Acayucan, donde habría pasado otros dos días para luego ser llevada a Tapachula.

La mujer migrante, mamá de otros tres niños que se quedaron en casa, trataba de no ser vista por los policías para que no la llevaran a San Pedro Sula, a un albergue del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA).


Según Diego Lorente, ese centro tienen señalamientos por estar "tomado" por la pandilla Mara Salvatrucha.

Como ella, otra familia trataba de pasar desapercibida para no subir a los camiones amarillos.


"¡Nos hubieran cuidado cuando nosotros íbamos para allá no cuando nosotros venimos al país de nosotros!", exclamó la mujer.

"En el camino hay que correr con los niños, subir, bajar, aguantar hambre. Aguantar humillaciones. México es más difícil pasar, algunos mexicanos son malos y algunos son buenos", relató.

-¿Ahora qué hará?, se le preguntó.

"Ya voy pa´la casa. Me tengo que regresar… mala experiencia", dijo la mujer zanjando de tajo la conversación porque una amiga suya le hizo señas para que corrieran mientras los oficiales estaban despistados.


Las dos mamás con sus hijas se unieron a otra familia y trataron de entrar a su país de la misma forma en que salieron de él: a escondidas.

Finalmente fueron descubiertas por los policías y las conminaron a subir a los autobuses "escolares".

domingo, 27 de abril de 2014

La mujer indígena que quiere recordar cómo es el clima fuera de la cárcel


Rodrigo Soberanes /@rodsantin
Una mujer indígena de 23 años llamada Reyna Panzo Panzo dio a luz en la penumbra, a solas, nadie sabía que estaba embarazada. Su suegra escuchó el llanto infantil desde su cuarto antes de que la bebita perdiera la vida.


A ocho años de esa madrugada triste, Reyna pregunta desde su celda cómo es el clima afuera de los muros del Penal de Zongolica, en Veracruz. "¿Hace calor afuera? ", y se hace un breve silencio porque nadie le encontró lógica a su pregunta.

El termómetro ronda los 30 grados adentro y afuera. La temperatura no cambia al cruzar las rejas pero sí el resto de la realidad y solo Reyna sabe cómo ha cambiado su percepción de la vida en sus años de encierro.

"Ojalá que pronto me voy (sic)", dice la mujer, ya con 31 años.

Reyna Panzo fue acusada de homicidio agraviado y sentenciada a 35 años de prisión, aunque una apelación ayudó a reducir su condena a 20 años.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Tzacuala, de Tehuipango, uno de los municipios más pobres del país. El esposo de Reyna había migrado a Estados Unidos huyendo de la miseria de esa región de Veracruz.

Según el expediente del caso, la mamá del esposo de Reyna se dio cuenta de la muerte de la bebé y avisó a los papás de la jovencita, quienes la llevaron con el síndico de su municipio y él a su vez la entregó al Ministerio Público.

La defensa de la acusada afirma que, por obvias razones, no quería que sus suegros supieran de su embarazo pero también aseguran que las causas de su gravidez no han sido establecidas.

Reyna nació y creció en una región donde los derechos de las mujeres , en la práctica, no se aplican cabalmente, y son violentadas de manera sistemática sin derecho al acceso pleno a la justicia.

Adriana Fuentes Manzo, abogada de la ONG, Equifonia, lo explica:

Su suegra asumió que la bebé fue producto de una infidelidad y que Reyna la mató, por lo tanto, le avisó a los papás. Ellos también lo asumieron así y llevaron a su hija con un funcionario municipal.

Ese funcionario asumió funciones judiciales y llevó a Reyna -que no hablaba español- ante el ministerio Público donde no tuvo el derecho a contar con un traductor. Por lo tanto, no pudo dar su versión de manera clara en su declaración preparatoria.

"A nadie le importó su salud. Su derecho a la presunción de inocencia no se hizo valer, ¿Se le dio el debido proceso? hay falta el análisis de las circunstancias. Hay muchas dudas.

Lejos de si lo hizo o no lo hizo, no se le garantizaron sus derechos. La autoridad, desde el momento en que la remiten, hizo una valoración. Sin derecho a la presunción de inocencia", dijo la abogada a este diario.

En la neurocirugía realizada a la bebé indica que la causa de su muerte fue un traumatismo craneoencefálico. Además, se establece que la recién nacida tenía una herida en el rostro causada por unas tijeras.

La abogada de Equifonía (que se dedica a defender los derechos de las mujeres), cree que si Reyna hubiera querido perder a su bebé, no habría esperado hasta los nueve meses.

Con la defensa legal de Reyna recién asumida, esa organización intentará comprobar que el Ministerio Público no le facilitó un traductor a la acusada y que tampoco tuvo el derecho a la presunción de inocencia.

Creen que nunca se valoró la posibilidad de un accidente y que la mujer indígena de 28 años es una presunta culpable víctima del sistema judicial. "El punto central es saber si tuvo las garantías del procedimiento", explica Adriana Manzo.

Reyna tiene dos hijos más. Uno concebido antes de su encierro y otro más de cinco años de edad que dio a luz dentro de la cárcel.

Sentada en una silla de plástico junto a su cama, la mujer le da vueltas al entramado judicial que la tiene encerrada. Le cuesta asumir que ya lleva ocho años encerrada y quiere salir.

"Más mejor que me vaya ya", dice, con voz tenue, ante la mirada de una custodia que vigila la plática de Reyna con las representantes de Equifonía.